¿Puede ir Clotilde Martínez-Bordiú a la cárcel? Un abogado analiza su sentencia por explotación laboral

Clotilde Martínez Bordiú y Bassó de Roviralta, la discreta hermana de Pocholo y Cuca Gotor, quien fuese modista de las infantas Elena y Cristina, es una de las protagonistas de la semana en el universo del papel couché. Su vida apartada de los focos ha llegado a su fin y nada tiene que ver con la participación de su hijo Bosco en la primera edición de ‘Supervivientes All Stars’. La aristócrata ha sido condenada por explotación laboral.

Según se informa desde ‘El Día de Segovia’, tras haber aceptado las acusaciones y cargos, este mismo martes la Audiencia Provincial de dicha provincia dictaba una sentencia de dos años de cárcel para la madre del concursante del programa de Telecinco. ¿El motivo? Haber explotado y empleado irregularmente a un total de cuatro trabajadores, en concreto, dos matrimonios extranjeros, que cumplían sus funciones dentro de ‘Monte Acedos’, una finca de su propiedad ubicada en la localidad de Muñopedro.

"La empresaria sabía que esos trabajadores se encontraban en situación irregular en España y se aprovechó de sus circunstancias y de la necesidad imperiosa que tenían de trabajar para poder sobrevivir", extraen de la resolución judicial en el medio local citado. Además, tal incumplimiento de las leyes laborales era probado al demostrarse que estos carecían de un contrato de trabajo, con un salario de 900 euros en metálico y su horario era de siete días a la semana.

Consciente de su complicada situación, Clotilde Martínez Bordiú decidía reconocer los hechos y pactar con la Audiencia para rebajar su pena. De esta manera, era condenada a abonar su responsabilidad civil mediante una multa de más de 31.000 euros en concepto de indemnización a los cuatro trabajadores y el pago a la Seguridad Social. No obstante, el dato más llamativo de esta sentencia se ha reflejado en los dos años de prisión, pero ¿en realidad pasará la aristócrata por el centro penitenciario?

Para conocerlo, Vanitatis se ha puesto en contacto con el letrado madrileño Pablo Mena, quien ha analizado al detalle este caso; además de responder a la principal pregunta.

“Siendo exactos, habría incumplido dos artículos del Código Penal español. El artículo 311 que versa sobre el abuso de situación de necesidad para imponer condiciones laborales o de Seguridad Social que menoscaben los derechos reconocidos y no comunicar el alta a la Seguridad Social, penado con altas de 6 meses a 6 años y agravado de 3 a 18 meses con su bis de dar ocupación a personas de nacionalidad extranjera sin permiso de trabajo. A este se sumaría el artículo 312 que recoge el empleamiento de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, cuando las condiciones firmadas sean perjudiciales, con 2 a 5 años de cárcel”, apunta el experto legal.

Por último, nos detalla que su acuerdo con la Audiencia Provincial no ha sido responsable de su no entrada en prisión. “No hay cárcel, porque el escrito de calificación fiscal determina dos años. Si fuese de dos años y un día, sí cumpliría la pena. Sin embargo, la negociación no es la que ha evitado esto. A la hora de imponer una pena no se negocia. La reducción matemática es de un tercio. Si con la conformidad se libra por unos días o meses de ir a la cárcel, se libra, pero es matemático”, concluye Pablo Mena.